El verdadero problema de la Ley de Propiedad Intelectual no lo van a tener los consumidores domésticos, cuya mayor preocupación es conocer el final de Lost antes que el vecino televidente que aún va por la primera temporada, para así poderse sentir superiores en su atalaya tecnológica, sin darse cuenta de que están tan alienados como sus mayores. Sin darse cuenta de cómo se ha cerrado el círculo de la liberación tecnológica para convertirse en una cadena que los tiene exactamente igual que antes: esclavizados a una pequeña pantalla.
No. El verdadero problema lo están sufriendo ya cientos de pequeñas empresas de informática que en estos días están recibiendo demandas judiciales. Demandas en las que se les reclama el canon atrasado por cds, dvds, grabadoras y reproductores mp3, en algunos casos desde 1999.
Extracto del artículo publicado por Carlos Sánchez Almeida en Kriptópolis en el que se exponen algunas de las consecuencias que va a tener la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que aprobó el Congreso a mediados de mes.
La LPI, tal y como he señalado en numerosas ocasiones, ha sido escrita pensando únicamente en la industria audiovisual y las entidades de autor. Por contra, da la espalda a la realidad de los tiempos que corren y perjudica gravemente los derechos de los ciudadanos de a pie, algo que no parece haber importado lo más mínimo a la clase política que votamos y que, por tanto, nos merecemos.
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