El año pasado, funcionarios del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia espiaron los hábitos de navegación y los archivos almacenados en los discos duros de los ordenadores de un número indeterminado de internautas mediante el uso sistemático de troyanos y spyware.
Wolfgang Schäuble, el ministro del interior germano, justificó tales prácticas aduciendo que se trataba de medidas necesarias para luchar contra el terrorismo internacional, pero esta semana la más alta instancia judicial del país ha tirado por tierra dichas argumentaciones y ha dejado claro que espiar los PCs de los ciudadanos constituye una violación del derecho a la privacidad.
Asimismo, la corte establece que el estado sólo puede espiar las comunicaciones de sus conciudadanos en casos extraordinarios en los que haya pruebas claras de que existe una amenaza real y se tenga el permiso correspondiente de un juez.
Estamos indudablemente ante una sentencia muy importante por cuanto corta las alas a aquellos que piensan que la amenaza del terrorismo les profiere la potestad de pisotear los derechos de los ciudadanos. Al menos en Alemania. Casos como los de Estados Unidos o Gran Bretaña, en los que los organismos estatales gozan de una amplia libertad para espiar a quienes consideren necesario, tengan indicios evidentes o simples sospechas, no son el ejemplo a seguir.