Según se desprende de una información publicada por La Vanguardia (registro obligatorio), los Ministerios de Cultura e Industria ya tienen lista la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Los cambios incorporados en este texto van a suponer la implantación de un canon en los ordenadores, memorias, impresoras, escáners y cualquier otro dispositivo con el que se puedan realizar copias de productos digitales sujetos a derechos de autor.
Este nuevo impuesto supondrá la subida de hasta un 40% en el precio que deberemos abonar en la compra de algunos de estos productos. Parece que eso no va a ser óbice para que el Gobierno, que pretende compensar a las entidades gestoras de los derechos de autor por las pérdidas ocasionadas por la piratería, dé marcha atrás.
Si bien se especulaba que las conexiones ADSL también podrían verse afectadas por este nuevo gravamen, tanto la Sociedad General de Autores y Editores como fuentes del Ejecutivo han asegurado que eso no será así. En cambio han dejado claro que a partir de ahora sí habrá que pagar un canon cuando se compren impresoras, discos duros o escáners.
Siguiendo el modelo alemán, donde hace unos meses se impuso una tasa de 12 euros por cada ordenador vendido, el Ejecutivo está decidido a impulsar esta reforma pese a que algunas empresas del sector tecnológico ubicadas en el país hayan advertido a José Montilla, Ministro de Industria, de las deslocalizaciones que determinadas compañías pueden verse obligadas a llevar a cabo al perder competitividad en el mercado español.
Y es que Hewlett-Packard España, Apple Computer, Intel Corporation, Dell Computer, Lexmark, Business Software Alliance y Konica Minolta Business ya han advertido al Ministerio su preocupación por la iniciativa gubernamental, al considerar que «este tipo de gravámenes perjudica seriamente la competitividad de la industria de tecnologías de la información en España y constituye un freno a la sociedad de la información».
Por su parte, Jesús Banegas, presidente de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIT), ha apuntado que el anteproyecto de ley es «manifiestamente insatisfactorio y perjudicial para las empresas tecnológicas, los consumidores y los usuarios de las tecnologías de la información».