Los estados miembros de la Unión Europea han dado el visto bueno a la aprobación de la Ley de Chips, una legislación con la que se va a incentivar la producción de semiconductores en territorio europeo y a reducir la dependencia respecto a fabricantes situados en otras regiones como el Sudeste Asiático o Norteamérica.
El plan está valorado en 43.000 millones de euros y se va a extender, al menos, hasta el año 2030. El objetivo es convertir a Europa en un líder de este sector de importancia estratégica incentivando el I+D, ofreciendo exenciones fiscales para la fabricación de chips y supervisando la cadena de suministros.
En el texto se establece la posibilidad de intervenir si es necesario para evitar situaciones como la que hemos vivido recientemente con la escasez global de chips, que ha afectado de lleno a todo tipo de industrias, desde la telefonía móvil hasta ordenadores, automoción, videojuegos o telecomunicaciones y ha contribuido a la pérdida de un gran número de empleos.
Los países de la Unión Europea representan actualmente menos del 10% de la producción mundial de semiconductores, un porcentaje que en Bruselas esperan que aumente hasta el 20% con la aprobación de la Ley de Chips.
La inversión va a permitir atraer a los fabricantes de chips más importantes para que construyan nuevas plantas de producción, al tiempo que se abrirán centros de investigación punteros que deberán contribuir al desarrollo de procesos tecnológicos propios.
El redactado de la Ley de Chips y su implantación va a ser similar al que ha seguido la Chips and Science Act que se aprobó en Estados Unidos el año pasado, aunque su presupuesto es sensiblemente inferior y se queda en aproximadamente una sexta parte de los 255 millones de euros en que está valorado el plan norteamericano.
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