Los ministros del Interior de la Unión Europea han acordado que a partir del año 2007 se deberán almacenar los datos de las comunicaciones electrónicas y telefónicas durante un periodo comprendido entre los 6 y los 24 meses. La información retenida permitirá saber quién realiza una llamada, a quién, desde dónde y la duración, aunque no el contenido de la misma.
Se trata de una medida encaminada a facilitar la labor policial en los delitos de terrorismo, y llega después que el pasado mes de julio, y tras los atentados que se produjeron en Londres, los ministros de Justicia e Interior comunitarios acordaran poner en marcha un plan para guardar información concerniente a las comunicaciones que se llevan a cabo en Europa.
Los enormes costes que conllevará la aplicación de esta directiva deberán ser asumidos en principio por las operadoras, si bien el texto aprobado contempla la posibilidad de que los gobiernos ayuden económicamente a las empresas de telecomunicaciones por los gastos derivados del almacenamiento de los datos.
Las previsiones que maneja la burocracia europea establecen que cada operadora deberá invertir una cantidad cercana a los 100 millones de euros para crear la infraestructura necesaria para procesar las comunicaciones en Internet y las llamadas realizadas y recibidas, a lo que habrá que sumar otros 50 millones de euros anuales para el mantenimiento.
Por el momento no se han facilitado detalles sobre qué utilidad tendrán las montañas y montañas de información que con toda seguridad se acumularán con el paso de los meses, sobre todo si se tiene en cuenta que a día de hoy no existen máquinas con una capacidad de cálculo suficiente como para procesar tal cantidad de datos.