El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció a finales del año pasado que había llegado a un acuerdo con la industria del cine, de la música, las entidades de autor y los proveedores de acceso a Internet para la creación de una «autoridad independiente» que se encargaría de vigilar las redes P2P, avisar a los usuarios que se descargaran contenidos sujetos a derechos de autor, conminarles a que dejaran de hacerlo e incluso dejarlos sin conexión en el supuesto de que siguieran bajándose este tipo de contenidos.
La medida, ni que decir tiene, fue largamente aplaudida por discográficas, productoras de cine y demás organizaciones de este sector, que vieron cómo todo un primer mandatario de Francia les habría una nueva vía para poner coto a los programas de pares y a la terrible manía que tenemos cientos de millones de personas de compartir ficheros de manera gratuita. ¡Si es que somos perversos, señor!
Bueno, a lo que iba: la decisión de Sarkozy ha significado un haz de luz para la industria del cine y de la música, que desde entonces están tratando de convencer a los responsables políticos e ISPs de diferentes países de las bondades de la medida francesa. Sin ir más lejos, Espen Tøndel, un abogado de la Motion Picture Association of America (MPAA), ha solicitado a los proveedores de acceso a Internet noruegos que dejen sin conexión a los usuarios que utilicen las redes P2P para bajarse canciones o películas, una petición que no ha sentado nada bien a las telecos del país nórdico.
Y es que IKT Norway, una asociación que integra a los grandes ISP de Noruega, ha emitido un comunicado en el que afirman categóricamente que en un estado democrático sólo los cuerpos policiales y los jueces tienen la potestad de investigar actos que puedan atentar contra las leyes y dictaminar las sentencias correspondientes. Un trabajo que en ningún caso puede recaer en los abogados y las agencias de comunicación de empresas privadas, en referencia clara a la MPAA estadounidense.
Hallstein Bjercke, la persona que ha elegido IKT Norway para leer esta nota y responder a las preguntas de los periodistas, ha explicado además que lo que pretende la MPAA es que los ISP les faciliten información confidencial de sus clientes para llevar a cabo sus propias investigaciones. Unos datos que en caso de revelarse violarían el derecho a la privacidad de todos y cada uno de los afectados.
Tras esta reacción, supongo que la MPAA dejará a Noruega de lado y se centrará en otros países donde sus consideraciones tengan más calado entre la clase política y empresarial y les permitan obtener cambios legislativos hechos a medida.