Tal y como estaba previsto, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy la propuesta de directiva de la Unión Europea sobre la retención de datos procedentes de llamadas telefónicas y de comunicaciones electrónicas durante un periodo comprendido entre los 6 y los 24 meses. La iniciativa ha conseguido el apoyo de gran parte de los europarlamentarios. Concretamente, 378 de ellos han votado a favor de la propuesta, mientras que 197 lo han hecho en contra y se han producido 30 abstenciones.
La información retenida permitirá saber quién realiza una llamada, a quién, desde dónde y la duración de la misma, aunque no su contenido y será utilizada (se supone) para combatir el terrorismo. Así pues, se almacenarán los datos sobre los números de teléfono de los comunicantes, sus nombres, direcciones e incluso la operadora con la que se llevó a cabo la llamada.
Se trata de una medida muy polémica que se planteó tras los atentados del mes de julio en Londres y que deja la puerta abierta a que se vulnere el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos europeos. Y es que la norma afectará a las llamadas telefónicas y electrónicas (incluidas las llamadas perdidas) y a los correos electrónicos.
Los enormes costes que conllevará la aplicación de esta directiva deberán ser asumidos en principio por las operadoras, si bien el texto aprobado contempla la posibilidad de que los gobiernos ayuden económicamente a las empresas de telecomunicaciones por los gastos derivados del almacenamiento de los datos.
Comentar para acabar que hasta el momento nadie ha explicado qué sistema se utilizará para trabajar con las montañas y montañas de información que se acumularán con el paso de los meses, sobre todo si se tiene en cuenta que a día de hoy no existen máquinas con una capacidad de cálculo suficiente como para procesar tal cantidad de datos.