Tras los atentados de la pasada semana en Londres, el Gobierno británico tiene la intención de ejercer un control estricto de las comunicaciones que se producen en su país. Así lo ha explicado Charles Clarke, ministro del Interior, quien considera de vital importancia que las fuerzas de seguridad puedan acceder a los registros de llamadas telefónicas, SMS y correos electrónicos.
Clarke se ha apresurado a asegurar que en ningún caso se refería al contenido de dichas comunicaciones, si bien esperan que en unos meses el Parlamento les dé el visto bueno a este proyecto y obligue a las grandes compañías de telecomunicaciones a facilitarles los datos que les permitan saber en todo momento quién llama a quién, desde qué número y a qué hora.
Además, y si los planos del Ejecutivo británico salen adelante, quieren obligar a dichas empresas a guardar esa información durante un periodo de tiempo.
Todavía falta por ver la reacción que tendrán los británicos ante esta serie de medidas, que chocan rontalmente con el derecho a la intimidad y a la libertad individual en pos de una supuesta mayor seguridad ante el terrorismo islámico.