El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley con el que se pretende regular el canon por copia privada, que en ningún caso se podrá aplicar a los discos duros y a las conexiones a Internet de banda ancha. Está previsto que cinco meses después de su entrada en vigor se establezcan los equipos y soportes que se verán sujetos al pago de una compensación en concepto de derechos de autor, asicomo su cuantía.
La futura ley establece que cada 2 años se revisará la lista de dispositivos por los que se deberá abonar un canon y la cantidad a pagar. Carmen Calvo, ministra de Cultura, ha explicado que el objetivo de la misma es «armonizar los derechos de los autores y de los fabricantes, importadores y distribuidores de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación por la reproducción».
Según Calvo, el Proyecto deja fuera a «todos los sistemas de almacenamiento que no se usen preferentemente para copias», ya que desde el Ejecutivo pretenden conseguir con esta reforma un «régimen flexible, transparente y ágil para el establecimiento de la compensación por copia privada en el ámbito digital».
Por contra, los sistemas anticopia entran de lleno dentro de la reforma aprobada, ya que el Gobierno tiene la intención de considerar como infracciones las actividades destinadas a «eludir las medidas tecnológicas con que los titulares de derechos hayan protegido sus obras».
Así pues, nos encontramos ante un Proyecto de Ley redactado por y para las sociedades gestoras de los derechos de autor. Y ello a costa de dejar de lado a los internautas que, lo quieran o no nuestros gobernantes, son la base de la sociedad de la información.
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