En febrero del 2005, la RIAA demandó a una madre soltera y discapacitada llamada Tanya Andersen por compartir música mediante el programa P2P KaZaA, muy popular por aquellos días. ¿Un caso más? No exactamente: la inculpada, lejos de amilanarse, no sólo negó los cargos que se le imputaban sino que además contraatacó y acusó a la industria discográfica por extorsión, fraude y prácticas comerciales engañosas.
Tras dos años de batalla judicial en los que la RIAA fue incapaz de probar que Andersen hubiera compartido canciones con otros internautas, la organización que agrupa a los sellos musicales estadounidenses arrojó la toalla en junio del 2007 y aceptó pagar las costas del juicio.
Sabiéndose ya victoriosa, Andersen solicitó una compensación económica de 300.000 dólares en concepto de gastos judiciales y por los honorarios de su abogado. La RIAA, ni que decir tiene, consideró desproporcionada esta cantidad y solicitó pagar una cifra no superior a los 30.000 dólares.
Esta semana, finalmente, se ha conocido la decisión judicial: la RIAA deberá abonar 107.834 dólares a Tanya Andersen, la mayor suma a la que haya tenido que hacer frente nunca esta asociación. Espero, sinceramente, que sea el primero de muchos otros casos.