El pasado 1 de octubre entró en vigor en Japón una polémica reforma legislativa en función de la cual las personas que sean cazadas descargándose películas, series, música, videojuegos o anime pueden ser condenadas a penas de hasta 2 años de cárcel y al pago de cuantiosas multas económicas.
Su aprobación vino precedida de fuertes presiones por parte de la industria del entretenimiento local, que anteriormente ya había logrado que se castigara con hasta 10 años de privación de libertad y sanciones que en función de la gravedad de los hechos juzgados pueden alcanzar los 100.000 euros a los internautas que suban contenidos a la Red.
Medio año después de su ratificación, algunos ciudadanos japoneses han comprobado en sus carnes la severidad de esta normativa después de que los cuerpos policiales hayan efectuado 124 registros repartidos por las 47 prefecturas del estado asiático en los que han terminado arrestando a 27 personas.
Las redadas se produjeron entre los días 19 y 21 de febrero y sobre todos los detenidos pende la grave acusación de descargar y/o subir material audiovisual y software mediante unos clientes P2P llamados Share y Perfect Dark.
La información acerca del caso es escasa, pero sí que ha trascendido que uno de los encausados es responsable, según las pesquisas que se han efectuado, de haber subido 1.600 episodios de series de animación, mientras que otro ha hecho lo propio con 1.300 programas. Si en el juicio al que presumiblemente tendrán que hacer frente son encontrados culpables, es muy probable que sean sentenciados a penas de varios años de prisión. Así están las cosas en Japón