El Gobierno presentó el pasado viernes el llamado Plan Antipiratería (no confundir con la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual de la que hablamos la semana pasada), que recoge medidas para tratar de sensibilizar a la sociedad acerca de lo que suponen los derechos de autor y un incremento de la persecución policial.
Pide además a los ISPs que les ayuden a «detectar y retirar los contenidos no autorizados» que circulan por Internet, hecho que ha merecido una respuesta por parte de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), advirtiendo al Ejecutivo que controlar las comunicaciones que se llevan a cabo en la Red exige un alto coste económico y sólo se puede hacer previa autorización judicial.
Con el fin de que este nuevo plan sea efectivo, el Ejecutivo tiene previsto formar a policías judiciales y fiscales para agilizar los juicios rápidos en relación con delitos que vayan contra la propiedad intelectual, sensibilizar a la sociedad a través de campañas que vayan en este sentido y formar un grupo de trabajo compuesto por entidades de autor y proveedores de Internet para tratar de detectar y retirar de la Red aquellos contenidos que se consideren ilícitos.
En este sentido, la Ministra de Cultura, Carmen Calvo, declaró el viernes que «hay que lanzar un mensaje esperanzador a los jóvenes, que son quienes cometen más estas actividades delictivas, porque su poder adquisitivo es menor y sus necesidades culturales más amplias».
Y es que para ella el Plan Antipiratería supone «una reacción seria y contundente del Gobierno de la nación para ayudar a parar este problema y digo ayudar porque es un problema social, económico, cultural y legal, y corresponde a todos atajarlo».
Asimismo, y adoptando como suyo el discurso de la SGAE, añadió que su mensaje «tiene que llegar a toda la sociedad, porque nos jugamos la cultura si no somos capaces de respetarla».
Para acabar, señaló que la «cultura no puede abandonarse el mercado puro y duro, para ello hay que abaratar costes y rebajar el IVA. Algo que está en armonía absoluta con los planteamientos de política cultural del Gobierno».