La ONU, a propuesta de China, trabaja para acabar con el anonimato en Internet

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información y la comunicación, ha organizado un grupo de trabajo llamado Q6/17 que está trabajando a petición del gobierno chino en la definición e implementación de un estándar que incluya métodos para localizar las fuentes desde las que se realizan las comunicaciones entre los usuarios en Internet, lo que de concretarse acabaría con el anonimato en la Red.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos también forma parte del Q6/17, que tiene previsto reunirse esta semana en Ginebra para continuar adelante con un proyecto controvertido como pocos, del que apenas si se ha facilitado información alguna a los medios.

Aún así, a mediados de año se filtró un documento de la delegación china que advertía que era necesario un mecanismo para localizar las IPs de los internautas que estuviera adaptado a varios entornos, a diferentes métodos de acceso (tanto cableados como wireless) y a diversas tecnologías (ADSL, cable, Ethernet). Además, señalaba que para asegurar la trazabilidad se debería poder registrar información esencial del origen de cualquier comunicación.

Si bien es cierto que estas prácticas son aceptables e incluso necesarias en determinadas circunstancias (por ejemplo, para averiguar la fuente de un ataque informático), se supone que los gobiernos occidentales deberían velar porque su uso se limitara a situaciones excepcionales y plenamente justificadas para asegurar un derecho básico de sus ciudadanos como es el del anonimato en las comunicaciones.

Por si a alguien le quedaban dudas acerca de las motivaciones que han llevado a China a plantear el desarrollo de este proyecto, esta semana el científico de la Universidad de Columbia Steve Bellovin ha publicado en su blog un artículo en el que habla abiertamente de un documento que le ha hecho llegar una fuente interna del ITU cuyo nombre no ha querido revelar pero que asegura es de su máxima confianza. El texto contiene un párrafo esclarecedor que pone de manifiesto para qué se utilizaría. Dice lo siguiente:

Un oponento político publica artículos que ponen al gobierno en una situación desfavorable. El gobierno, teniendo una legislación contraria a cualquier oposición, trata de identificar la fuente de los escritos pero se encuentra con que estos han sido publicados a través de un servidor proxy que protege la identidad del autor y no puede localizarlo.

A nadie escapa que si una medida de similares características fuera adoptada facilitaría aún más la labor a regímenes dictatoriales poco amigos de la libertad de expresión y de los derechos individuales, como es el caso de China. La pregunta es: ¿por qué entonces estados plenamente democráticos parece que están apoyando esta iniciativa? Yo, sinceramente, no logro entenderlo.

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