¿Por qué los políticos permiten que los ISP capen las conexiones a Internet?

¿Cómo es posible que hoy en día siga sin existir una legislación que restrinja el poder de los operadores de acceso a Internet y les impida limitar la velocidad de descarga de ciertos contenidos, servicios o programas a sus clientes? Es más, ¿por qué no hay ningún partido político que se haya planteado tomar cartas en el asunto y llevar al Parlamento un proyecto de ley para adecuar el marco jurídico actual a la realidad de los tiempos que corren?

En una visita rápida a cualquier foro que verse sobre temas relacionados con la banda ancha se pueden encontrar infinidad de mensajes en los que se asegura que hay determinados ISP que priorizan el tráfico web de sus clientes y filtran, cuando no capan, las conexiones P2P.

¿Es metafísicamente imposible que algún político le pare los pies a las telecos? Bueno, aquí no lo sé, pero desde luego en Canadá están en ello. Sin ir más lejos, esta semana el New Democratic Party ha llevado a la Cámara de los Comunes un proyecto de ley que, en caso de aprobarse, recortaría el control que las telecos pueden ejercer actualmente sobre las conexiones de sus clientes.

El texto recoge «la prohibición expresa a los operadores de incurrir en prácticas que favorezcan, degraden o prioricen cualquier contenido, aplicación o servicio transmitido sobre sus redes de banda ancha en función del origen, propietario o destinación» del mismo.

Esta propuesta llega después que los mayores ISP del país, con Bell Canada y Rogers Communications a la cabeza, hayan limitado el acceso a Internet de algunos de sus clientes aduciendo que congestionaban las redes cuando utilizaban programas P2P para bajarse archivos.

Independientemente de que el proyecto salga adelante o no, es indudable que estamos ante un paso adelante en el sentido correcto. ¿Veremos algún día algo así por aquí? Me gustaría pensar que sí, pero tengo serias dudas de que sea a corto plazo.

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