Desde que Google compró YouTube en octubre del 2006 por la nada despreciable cifra de 1650 millones de dólares, estudios de Hollywood, productoras de televisión, discográficas y un sinfín de holdings empresariales que viven de la generación de contenidos multimedia han presionado al buscador para que incorporara algún sistema de filtrado que pusiera las cosas más difíciles a quienes suben masivamente vídeos protegidos por derechos de autor.
A sabiendas de que en la era de la información ninguno de estos agentes puede permitirse el lujo de renunciar a la audiencia millonaria de YouTube, Google ha ido postergando sistemáticamente la implantación de un sistema que se encargue de controlar y, llegado el caso, eliminar los vídeos que no cumplan los requisitos legales que le demandan los mass media.
La actitud de Google tiene su explicación: si pone en liza un filtrado demasiado estricto corre el riesgo de molestar a buena parte de los usuarios de YouTube, que podrían migrar a cualquiera de los innumerables servicios de compartición de vídeos existentes. De ahí que haya alargado en el tiempo tanto como ha podido la adopción de medidas en este sentido.
Pero la presión ejercida en los tribunales por Viacom, que posee canales tan conocidos como la MTV, algunas discográficas e incluso las ligas de fútbol profesionales europeas, ha obligado a Google a dar una fecha concreta para la aparición del tan esperado sistema de filtrado.
Llegará en septiembre, y se encargará de inspeccionar los vídeos que se suben a los servidores de YouTube y determinar si son aptos o, por contra, atentan contra los derechos de autor de sus legítimos propietarios. Veremos cómo funciona y si contenta a los generadores de contenidos y a los internautas. Difícil lo tiene.
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