La presidencia austríaca de la Unión Europea ha comunicado que el Consejo de Ministros comunitario aprobará mañana la propuesta de directiva sobre retención de datos de conversaciones telefónicas y electrónicas tal y como estableció el Parlamento Europeo el pasado 14 de diciembre. A partir de ese momento, los estados miembros dispondrán de un plazo de 18 meses para incorporar a su legislación interna las disposiciones que establece la directiva.
Se trata de una medida muy polémica ya que la información deberá ser retenida durante un periodo de entre 6 y 24 meses y permitirá saber quién realiza una llamada, a quién, desde dónde y la duración de la misma, aunque no su contenido. Así pues, se almacenarán datos relativos a los números de teléfono de los comunicantes, sus nombres, direcciones e incluso la operadora con la que se llevó a cabo la llamada.
Tal y como os informamos hace 2 meses, los enormes costes que conllevará la aplicación de esta directiva deberán ser asumidos en principio por las operadoras, si bien el texto aprobado contempla la posibilidad de que los gobiernos ayuden económicamente a las empresas de telecomunicaciones por los gastos derivados del almacenamiento de los datos.
Ante las numerosas críticas que ha recibido la directiva, las autoridades europeas se han escudado en que utilizarán la información para combatir el terrorismo, pero a nadie escapa que la disposición deja la puerta abierta a que se vulnere el derecho fundamental a la privacidad de la que gozamos los ciudadanos occidentales.