El 15 de julio de 1990, Wolfgang Werlé y Manfred Lauber se colaron en el piso del actor de teatro cine y televisión bávaro Walter Sedlmayr y lo maniataron, acuchillaron y mutilaron hasta causarle la muerte. Tres años más tarde, ambos hermanastros fueron condenados a cadena perpetua, en un caso que fue ampliamente cubierto por la prensa germana del momento debido a la fama del personaje y a la crudeza del suceso.
Finalmente, y tras pasar 14 años en prisión, Werlé fue puesto en libertad en el 2007, mientras que Lauber salió un año más tarde, en el 2008. Ahora, ya en la calle, exigen que diarios, revistas, informativos, blogs y sitios de noticias eliminen sus nombres de los textos en los que se informa sobre la muerte de Sedlmayr. Y están dispuestos a demandar a quien no lo haga.
Tanto es así que han amenazado con llevar ante los tribunales a la Wikimedia Foundation, la organización sin ánimo de lucro que rige los destinos de la Wikipedia, debido a que en un artículo de la enciclopedia online se puede leer que ellos fueron los autores del execrable crimen.
De acuerdo a la legislación germana, cuando un criminal ha pagado su deuda con la sociedad los medios de comunicación deben suprimir toda referencia hacia su persona de las noticias que publiquen relativas al homicidio cometido para proteger su privacidad y facilitar su reinserción en la sociedad.
De hecho, la versión en alemán de la Wikipedia ha editado el artículo sobre Sedlmayr para borrar los nombres de los asesinos, pero el sitio en inglés no ha hecho lo propio. Ni lo va a hacer. La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos protege sin ambajes la libertad de expresión y de prensa, de tal manera que la amenaza legal de Werlé y Lauber carece de valor en suelo norteamericano.
Michael Godwin, uno de los responsables de la Wikimedia Foundation, ha explicado desde San Francisco que nunca editan los contenidos del sitio si no les llega antes un requerimiento judicial. Por su parte, Alexander H. Stopp, el abogado de los angelitos alemanes sigue a lo suyo y ha advertido que si no se atienen a la solicitud que les han planteado, deberán abonar una cuantía que en ningún caso será inferior a los 5.100 euros por cada entrada en la que aparezcan los nombres de sus representados asociados al crimen en cuestión.
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